La garantia constitucional de habeas data y las excepciones al derecho de acceso

La garantía constitucional de hábeas data y las excepciones al derecho de acceso

Fecha: 24/6/2009

Publicado: SJA 24/6/2009

"Las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional" (*).

SUMARIO:

I. Introducción.- II. Los hechos.- III. El dictamen.- IV. Las excepciones al derecho de acceso a los datos personales.- V. ¿Existió por parte de la AFIP una lesión a la garantía constitucional de hábeas data?.- VI. Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN

Recientemente la Corte Suprema de la Nación revocó un fallo de Cámara -que a su vez confirmaba el de primera instancia- en el que, con razón, se ordenaba a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) poner a disposición de la actora -una empresa de combustibles- los datos recabados durante un procedimiento de investigación fiscal.

Cabe mencionar que la sentencia hace suyos los fundamentos del entonces procurador general de la Nación -Dr. Becerra-, por lo que el comentario versará sobre el dictamen al que adhiere el pronunciamiento del máximo tribunal.

Ya se ha planteado (1) la configuración de supuestos conflictivos cuando a un contribuyente, respecto de quien se ha iniciado un procedimiento administrativo en materia tributaria, se le deniega el derecho de acceso -de todo o parte- a las actuaciones administrativas bajo la invocación del secreto fiscal.

Justamente, en el caso en comentario se limita la plena vigencia de la garantía de hábeas data, encuadrándose la pretensión en una de las excepciones previstas por la propia Ley de Protección de Datos Personales Ver Texto (2), circunstancia que debe ser valorada de modo restrictivo, en tanto se vulnera una garantía expresamente reconocida por la Constitución Nacional.

II. LOS HECHOS

La Empresa Combustibles Zona Común S.A. interpuso una acción de hábeas data contra la AFIP, con el objeto de que se le ordene al organismo recaudador que en el plazo de cinco días le informara los datos referidos a dicha empresa que consten en los registros en poder del organismo.

El juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda, ordenando a la AFIP poner a disposición de la actora los datos pertinentes y ordenando que en caso de ser falsos o erróneos, procediera a su supresión o rectificación.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la sentencia. Contra ese pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario federal, el que fuera denegado, por lo que ocurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía de queja.

Los fundamentos del recurso incoado por la demandada expresan que la sentencia cercenaba derechos y garantías de jerarquía constitucional, toda vez que, a criterio de ésta, no correspondía, en el caso, la aplicación de la tutela de la garantía del hábeas data, por no considerarla el remedio idóneo.

Afirma, asimismo: a) que no se había probado irregularidad alguna en el proceso; b) que no se acreditó que la información en cuestión pudiera existir en algún banco de datos pertenecientes a la AFIP; y c) que tampoco se probó la falsedad que se alegaba.

Por otra parte, entendió la apelante que, en el caso concreto, ese organismo carecía de legitimación, tanto activa como pasiva, en los términos del art. 43 Ver Texto , párr. 3º, CN., por cuanto la actora no acreditó la falsedad de la información o su carácter discriminatorio. Además, alega que actuó como organismo recaudador en los términos de la Ley de Procedimientos Fiscales, y no como banco de datos destinado a proveer informes.

III. EL DICTAMEN

Si bien el procurador -y posteriormente la Corte, retomando sus fundamentos- ratificó las conclusiones esgrimidas por la AFIP en cuanto a que la acción intentada por la actora no se compadecía con el objeto de la garantía invocada, se vale de una línea argumental diferente a la utilizada por la demandada.

En tal sentido, sostuvo que, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 43 Ver Texto , párr. 3º, CN., la AFIP sí es susceptible de considerase legitimada pasiva en la acción intentada, puesto que se trata de un banco de datos públicos, los que no están salvaguardados en el texto de referencia, sino, en contrario, incluidos expresamente.

Por otra parte, consideró que la falta de acreditación de la falsedad o discriminación de los datos era abstracta, por cuanto, de acuerdo con el art. 16 Ver Texto , ley 25326, esa exigencia sólo puede requerirse siempre y cuando el interesado haya tomado conocimiento de los datos, en los términos del art. 14 Ver Texto , ley 25326, para luego ejercer la opción que estime corresponder en el caso. No obstante, esa circunstancia no aconteció, puesto que la empresa accionante no pudo saber cuáles eran los datos referidos a esta persona jurídica.

Finalmente, expresa que dado que las intimaciones de la actora fueron realizadas en el año 1999, esto es, con anterioridad a la sanción de la ley 25326 Ver Texto (año 2000), la exigencia establecida en el art. 17 Ver Texto , inc. 2, ley 25326, que dispone que "La información sobre datos personales también puede ser denegada por los responsables o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga debe ser fundada y notificada al afectado. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, se deberá brindar acceso a los registros en cuestión en la oportunidad en que el afectado tenga que ejercer su derecho de defensa...", no es inexigible en el caso, fundamentado en el principio de la irretroactividad legal.

La Administración Federal de Ingresos Públicos había manifestado que dada la importancia que la actividad de combustibles implica para la economía nacional, y debido a la comprobación de ciertas maniobras que, eventualmente, podían ser evasivas en la declaración y pago del tributo, es que se había ordenado la verificación de la actividad de las empresas de combustibles a nivel nacional. En consecuencia, el procurador dictaminó que se habían cumplido los recaudos previstos para el rechazo del derecho de acceso tal como lo dispone la ley.

Así, el dictamen concluye que los fundamentos de la demanda no se condicen con el objeto y finalidad de la acción de protección de datos personales, porque en el caso la AFIP se encontraba cumpliendo funciones en su carácter de organismo recaudador.

Por último, el procurador advierte que la acción pretendía adelantar la oportunidad en la que, según el art. 17 Ver Texto , ley 11683 (3) (4), el actor podría ejercer el derecho de defensa y presentar su descargo.

A tal fin, la Administración Federal de Ingresos Públicos debería proporcionarle detallado fundamento de las impugnaciones y cargos, y permitirle el acceso a la totalidad de las actuaciones administrativas labradas. Es decir que ante el cuestionamiento de una determinación impositiva, el legislador previó un procedimiento y un órgano de aplicación, además del derecho de recurrir la decisión ante la justicia.

IV. LAS EXCEPCIONES AL DERECHO DE ACCESO A LOS DATOS PERSONALES

El hábeas data es una herramienta de tutela efectiva, con jerarquía constitucional, establecida en favor de las personas físicas y jurídicas, para solicitar la exhibición de los registros -públicos o privados- en los cuales están incluidos datos personales de los individuos o los de su grupo familiar, a fin de tomar conocimiento de su exactitud y finalidad; y, si correspondiere, para requerir la rectificación o la supresión de aquellos datos que resulten inexactos, obsoletos o que impliquen discriminación (5).

En el sistema argentino de protección de datos personales el derecho de acceso es la regla, siendo la excepción la denegación de dicho acceso, el que sólo está limitado en función del contenido de la información, para el caso de los registros públicos, cuando ésta tiene carácter reservado, por ley, o porque así lo establece un funcionario mediante resolución fundada y por tiempo determinado.

Las excepciones se encuentran previstas en el art. 17 Ver Texto , ley 25326, y en tanto suponen la imposibilidad de ejercer un derecho fundamental, la interpretación debe ser, sin duda, de carácter sumamente restrictivo.

Así, la LPDP. exige el cumplimiento de una serie de condiciones para que la negativa al acceso y rectificación por parte del responsable de un archivo o banco de datos sea jurídicamente válida.

Esto es que debe ser realizada por escrito, entregada al titular de los datos y debe dejarse constancia clara de la causa fundada de la negativa. Por imperativo legal, esas causas deben estar relacionadas con las que, expresa y taxativamente, menciona la norma.

Según el art. 17 Ver Texto , las excepciones que permiten válidamente denegar el acceso a la información son las siguientes: a) en defensa de la Nación, del orden y la seguridad pública; b) cuando se trate de la protección de los derechos e intereses de terceros; y c) cuando se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas.

Cuando el derecho de acceso y tratamiento de los datos personales está en colisión con un bien jurídico social, como lo son la seguridad y defensa nacional o la salud pública, estos derechos (acceso y tratamiento de datos) deben ser sacrificados en aras de la salvaguarda y preservación de los bienes mencionados que deberán ponderarse, no sólo por la entidad de éstos, sino, justamente, por tratarse de un bien colectivo que afecta a toda la sociedad.

La excepción impuesta por el legislador no implica en modo alguno que, con fundamento en la protección de la defensa y de la Nación o la salud pública, pueda cercenarse de modo arbitrario la garantía constitucional del acceso a los datos personales. En tal sentido, sólo en determinados supuestos -y es aquí donde se cumple el deber restringido en su interpretación- el responsable del banco de datos públicos puede denegar los derechos acordados a los titulares, mediante una decisión fundada, mas no bajo la simple invocación de la prerrogativa del art. 17 Ver Texto , LPDP.

Es preciso recordar el caso "Ganora" Ver Texto (6), donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que "en principio, la obtención de información sobre datos personales obrantes en los organismos y fuerzas de seguridad halla adecuación legal en la acción de hábeas data ello sin perjuicio de que el suministro de esa información pueda, eventualmente, afectar la seguridad, la defensa nacional, las relaciones exteriores o una investigación criminal, cuestión que en cada caso deberá ser invocada por el titular de la respectiva institución. Al ser ello así, la decisión del a quo de rechazar la acción por considerar que los particulares no pueden tener acceso a la obrante en las fuerzas armadas y organismos de seguridad del Estado `por obvias razones de seguridad pública' constituye una afirmación dogmática carente de razonabilidad (7), pues el no haberse librado los oficios requeridos, no existe la respuesta pertinente del titular de la institución que haga saber si obra la información requerida y si existen las razones que, en definitiva, pudieran impedir al legitimado acceder a ella".

Asimismo, el alto tribunal afirmó que "excluir de la protección reconocida por el art. 43 Ver Texto , párr. 3º, CN. a aquellos datos que organismos estatales mantienen fuera del acceso de los particulares, comporta la absurda consecuencia de ofrecer una acción judicial sólo en los casos en los que el particular no puede sino recurrir, ineludiblemente, a la tutela judicial para ejercer su derecho".

Esta alineación fijada por la Corte encuentra adecuación legal en la acción de hábeas data, sin perjuicio de que el suministro de esa información pueda eventualmente afectar la seguridad, la defensa nacional y las relaciones exteriores. Estos supuestos deben ser invocados y fundamentados por el titular del organismo requerido en cada caso concreto.

El mismo estándar de protección deviene de la Constitución de España, cuando dispone en el art. 105 que una la ley regulará: "...b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas". Es claro que en este caso el acceso a los datos personales se ve claramente limitado cuando haya una afectación a la seguridad o defensa del Estado.

Nadie medianamente informado duda de la conveniencia de una zona de reserva estatal, dado que se trata de una necesidad históricamente probada de la que depende, muchas veces, la supervivencia y estabilidad del sistema político (8).

No obstante, tal circunstancia debe ser invocada por el responsable del archivo o banco de datos públicos, y la denegatoria debe realizarse en los términos estrictos que la propia ley establece.

En lo que respecta a la protección de los derechos e intereses de terceros, es preciso mencionar que la excepción puede ser invocada tanto por bancos de datos públicos como por los privados. Sin embargo, al tratarse de una excepción a la regla general, ella debe analizarse en cada caso concreto y con un criterio de control muy estricto.

Se intenta, por un lado, proteger el acceso a los documentos doblemente nominativos, entendidos como aquellos que contienen una apreciación o juicio de valor sobre una persona nominalmente designada, con el aditamento de que identifican al autor de esas valoraciones. A través de este tipo de documentos se permite identificar a terceros que intervinieron en procesos, bajo la garantía de que no serán expuestos. Quedan comprendidos en esta categoría, entre otros, los autores de una denuncia -que según la ley pueda hacerse de forma anónima-, los testigos de identidad reservada, etc.

Por otro lado, se intenta preservar el secreto comercial, industrial o profesional, pero siempre respecto de terceros y nunca del mismo titular, ante el cual, obviamente, no podrá alegarse secreto, dado que es el "dueño" de los datos.

Por último, en cuanto a la obstaculización de actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas se trata de una restricción que sólo puede ser aplicada por los bancos públicos de datos.

Esto, sin perjuicio de que el legislador también la ha extendido a los usuarios de aquéllos y que permite a los responsables de esos archivos denegar en determinados supuestos, de carácter taxativo, "información" sobre datos de carácter personal que obran en sus registros (9).

Cuando se trate de actuaciones judiciales, el banco público de datos no puede denegar el derecho de acceso a los titulares de los datos si esta denegación incide en el ejercicio del derecho de defensa. Sin embargo, los jueces a cargo de esas actuaciones, en ejercicio de sus atribuciones procesales, pueden disponer bloqueos transitorios de informaciones con el objeto de permitir o favorecer las investigaciones a su cargo, con fundamento en ellas.

Por otro lado, sin perjuicio de que en principio las actuaciones judiciales son públicas, el legislador ha configurado una excepción a la publicidad en materia de averiguación de delitos (10). Justamente, se encuentra restringida durante la etapa inquisitiva con fundamento en la seguridad de la investigación y la salvaguarda de la intimidad de los imputados, lo que también se encuentra receptado en las disposiciones legales que prevén el secreto de sumario.

En tal sentido, el Código de Procedimiento Penal de la Nación establece que las actuaciones sólo pueden ser conocidas por las partes y sus defensores, a menos que el juez por resolución fundada ordene el secreto cuando se ponga en peligro el descubrimiento de la verdad. También dispone que los actos que sean definitivos e irreproducibles nunca tendrán carácter secreto para las partes. En cambio, para el caso de las personas extrañas, ajenas al proceso, las actuaciones siempre van a revestir carácter secreto (11).

Finalmente, la normativa -art. 17 Ver Texto , inc. 3, LPDP.- aclara que, "...sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, se deberá brindar acceso a los registros en cuestión en la oportunidad en que el afectado tenga que ejercer su derecho de defensa".

Se trata de una excepción a los supuestos antes descriptos, puesto que ante el ejercicio del derecho de defensa en juicio, sea en el ámbito judicial o administrativo, la denegatoria a acceder a los datos debe ceder.

En tal sentido, los titulares o responsables de los archivos, registros y bancos de datos no pueden ampararse en razones relativas a la defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, la protección de los derechos e intereses de terceros o la obstaculización del curso de las actuaciones.

Por el contrario, al ser el derecho de defensa en juicio una garantía consagrada en el art. 18 Ver Texto , CN., el legislador ha intentado preservar la razonabilidad de la restricción impuesta.

V. ¿EXISTIÓ POR PARTE DE LA AFIP UNA LESIÓN A LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE HÁBEAS DATA?

De la sentencia surge que la Ley de Protección de Datos Personales Ver Texto aún no había sido sancionada cuando la AFIP realizó los procedimientos de verificación del cumplimiento de las normas fiscales.

Efectivamente, la ley fue publicada en el B.O. del 2/11/2000 y las tareas de investigación se realizaron, según surge del fallo, en el mes de octubre de 1999.

Siguiendo este lineamiento, el procurador entendió que el recaudo establecido por el legislador para la denegatoria de la información no era exigible.

Sin embargo, desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994 esta garantía se encuentra expresamente reconocida, por lo que la empresa contribuyente contaba con un medio idóneo, expedito y rápido de jerarquía superior a la Ley de Procedimientos Fiscales.

Surge con claridad desde el precedente "Siri, Ángel" Ver Texto (12) -sin duda, una de las pautas mejor logradas de la historia jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que "basta con esta comprobación inmediata para que la garantía constitucional invocada sea restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente, las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias, las cuales sólo son requeridas para establecer `en qué caso y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación', como dice el art. 18 Ver Texto , CN. a propósito de una de ellas" (13).

Ya a fines del siglo pasado señalaba Joaquín V. González (14) que "No son, como puede creerse, las `declaraciones, derechos y garantías', simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación. Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto. Porque son la defensa personal, el patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre e independiente dentro de la Nación Argentina".

El alto tribunal, en esa oportunidad, se adelantó a la postura adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recién en el año 1986, en el caso "Velásquez Rodríguez" (15), sostuvo que el objeto y fin de la Convención Americana es la eficaz protección de los derechos humanos, por lo que ella debe interpretarse de manera de darle su pleno sentido y permitir que el régimen de protección de los derechos humanos a cargo de la Comisión y de la Corte adquiera todo "su efecto útil", conforme lo dispone el art. 25 Ver Texto , Pacto de San José de Costa Rica, cuando establece que todas las personas tienen derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo (16).

Un año después la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC-9/1987 (17) ratifica este criterio, afirmando que "no basta con que el recurso ante la justicia esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial".

De la argumentación referida puede inferirse claramente que la denegatoria de la AFIP a brindar la información requerida configuró, a nuestro criterio, una lesión a la empresa solicitante de los datos, al denegarle la tutela efectiva a través de la garantía constitucional de hábeas data, la que, si bien aún no estaba reglamentada, tenía plena vigencia desde hacía cinco años, en oportunidad de su incorporación expresa al texto constitucional en la última reforma.

VI. CONCLUSIONES

Estando en juego una garantía constitucional, la interpretación de las leyes reglamentarias debe realizarse de modo restrictivo con el fin único de no producir un menoscabo a los derechos fundamentales.

Así, sin perjuicio de que la ley 25326 Ver Texto aún no había sido sancionada al momento de realizarse las tareas de investigación fiscal por parte de la AFIP, la denegación del acceso a los datos referidos a la empresa investigada constituyó un inadmisible cercenamiento de acceso a una garantía de jerarquía superior a la Ley de Procedimientos Fiscales.

La circunstancia de que no existiera una obligación legal de dictar una resolución fundada y notificarla al afectado ante su reclamo no debió constituir un obstáculo para la protección tuitiva de los derechos de la empresa contribuyente.

La tutela de los derechos fundamentales es efectiva en la medida en que sea rápida y eficaz, y si bien las leyes no son de aplicación retroactiva, lo cierto es que el hábeas data se encontraba expresamente reconocido en la Constitución Nacional desde el año 1994, situación que debió considerarse especialmente al momento de la solicitud de la información en cuestión.

NOTAS:

(*) Ferrajoli, Luigi, "Derechos y garantías. La ley del más débil", Ed. Trotta, Madrid, 2004, p. 35.

(1) Álvarez, Fernando D., "El derecho de acceso a los datos en poder de la Administración y el secreto fiscal -supuestos en que normas y principios no se ponen de acuerdo-", elDial DC209.

(2) LPDP., ley 25326 Ver Texto , publicada en el B.O. del 2/11/2000.

(3) Ley 11683, art. 17 Ver Texto : "El procedimiento de determinación de oficio se iniciará, por el juez administrativo, con una vista al contribuyente o responsable de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos que se formulen, proporcionando detallado fundamento de los mismos, para que en el término de quince días, que podrá ser prorrogado por otro lapso igual y por única vez, formule por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho...".

(4) Ley 11683 Ver Texto , publicada en el B.O. del 12/1/1933.

(5) Basterra, Marcela I., "Protección de datos personales. Ley 25326 Ver Texto y decreto 1558/2001 Ver Texto . Comentados. Derecho Constitucional provincial. Iberoamérica y México", Ed. Ediar - UNAM, Buenos Aires, 2008, p. 31.

(6) Corte Sup., "Ganora, Mario F. y otra s/hábeas corpus" Ver Texto , Fallos 322:2139.

(7) El resaltado me pertenece.

(8) Fernández Alles, "Los secretos de Estado en España: jurisprudencia y teoría constitucional", LL España 1999-2, citado por Delgado Gil, Andrés, "El delito de revelación de secretos de Estado en los arts. 598 Ver Texto , CPen. común y 53, CPen. militar. Reflexiones sobre sus diferencias", Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, RECPC, ISS1695-0194, 13/7/2005, www.criminet.urg.es.

(9) Peyrano, Guillermo F., "Régimen Legal de los Datos Personales y Hábeas Data. Comentario a la ley 25326 Ver Texto y a la reglamentación aprobada por decreto 1558/2001 Ver Texto " [J 0003/009546], Ed. LexisNexis - Depalma, Buenos Aires, 2002, p. 193.

(10) Basterra, Marcela, "El derecho fundamental de acceso a la información pública" [J 0003/013132], Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2006, ps. 377/381.

(11) Código Procesal Penal de la Nación, art. 204 Ver Texto : "El sumario será público para las partes y sus defensores, que lo podrán examinar después de la indagatoria, dejando a salvo el derecho establecido en el párr. 2º del art. 106 Ver Texto . Pero el juez podrá ordenar el secreto por resolución fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, exceptuándose los actos definitivos e irreproducibles, que nunca serán secretos para aquéllos. La reserva no podrá durar más de diez días y será decretada sólo una vez, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación exijan que aquélla sea prolongada hasta por otro tanto. No obstante, podrá decretarse nuevamente si aparecieren otros imputados. El sumario será siempre secreto para los extraños".

(12) Fallos 329:459.

(13) El destacado me pertenece.

(14) González, Joaquín V., "Manual de la Constitución argentina", en "Obras completas", vol. 3, Ed. UNLP, Buenos Aires, 1935, ps. 82, 89 y 90.

(15) Corte IDH, "Caso Velásquez Rodríguez v. Honduras. Excepciones preliminares", sent. del 26/6/1987, serie C, n. 1, www.corteidh.org.cr.

(16) CADH., art. 25 Ver Texto : "1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso".

(17) Corte IDH., "Garantías judiciales en Estados de Emergencia", opinión consultiva OC-9/1987, del 6/10/1987, serie A, n. 9, www.corteidh.org.cr.